2021 marcado por funcionarios del PRM envueltos en casos judiciales

Por:

Carlos Lara,
Redacción Desde la Fuente,

Fuente: RC Noticias

Santo Domingo.- El Gobierno del cambio del Partido Revolucionario Moderno (PRM), encabezado por el presidente de Luis Abinader, lleva un año y cuatro meses en el poder y una de las situaciones notables ha sido la destitución de los cargos públicos a militantes de esa organización envueltos en casos de corrupción, narcotráfico y acoso sexual.

La exministra de la juventud Luz del Alba Jiménez es la más reciente destitución bajo investigación, tras una denuncia de quien fungía como su consultor jurídico, José Manuel Vida Tejeda, por supuestos actos de corrupción al querer beneficiar en concursos a varias empresas.

Tejeda envió la documentación de las acusaciones a las direcciones de Contrataciones Públicas y de Ética Gubernamental, instituciones que iniciaron un proceso para determinar la veracidad de la denuncia.

En ese sentido se recuerda que Jiménez fue nombrada en el Ministerio de la Juventud en sustitución de Kinsberly Taveras, quien fue removida del cargo tras una entrevista con la periodista Nuria Piera en octubre de 2020, donde se puso en cuestionamiento su patrimonio de 106 millones de pesos bajo contratos de servicios con alcaldías.

Taveras fue citada Procuraduría General de la República y no ha emitido declaraciones acogiéndose al derecho constitucional, según explicó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.

En la actualidad se desconoce el estado de la investigación sobre el alegado tráfico de influencia de las empresas de la exministra, que suplían a varios ayuntamientos, lo que viola la Ley No. 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones.

En otro caso de investigación se encontraba Leonardo Faña tras imputaciones por abuso sexual contra una exempleada del Instituto Agrario Dominicano (IAD), donde fungía como titular.

El juez de la Tercera Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Daniel Nolasco, descargó a Faña en septiembre de este año, ordenando el cese de las medidas de coerción que pesaban en su contra consistentes en impedimento de salida, garantía económica y presentación periódica.

La denuncia en contra del dirigente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) fue presentada el 18 de enero ante la Unidad de Atención y Prevención de la Violencia de Género. Aunque más tarde la exgerente financiera María Isabel Flores desistió de la querella el Ministerio Público continuó con el proceso judicial.

Por un caso similar fue destituido el encargado de la Dirección Regional de Aduanas, Antonio Gómez Díaz, quien fue arrestado bajo los cargos de violación sexual a una mujer y acoso a una empleada de la citada dependencia estatal.

Las órdenes de arresto 00480-2021 y 00438-2021 fueron emitidas por el juez Cirilo Salomón Sánchez, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago. Antonio Gómez Díaz, se encuentra cumpliendo seis meses de prisión domiciliaria.

Se destaca la investigación relacionada con la denominada “Operación 13”con la que el Ministerio Público desarticuló el entramado corrupto a lo interno de la Lotería Nacional, resultando apresado el destituido administrador, Luis Dicent.

Tras el denunciado sorteo fraudulento del 1 de mayo, que generó pérdidas por más RD$500 millones, con Dicent fueron detenidos la presentadora Valentina Rosario Cruz, el no vidente Miguel Mejía, Willian Lisandro Rosario Ortiz, Jonathan Brea, Carlos Berigüete, Felipe Santiago Toribio, Rafael Mesa, Eladio Batista Valerio y Edison Perdomo Peralta.

En junio de este año la jueza Kenya Romero dictó un año de prisión preventiva contra Luis Maisichell Dicent, William Rosario y Eladio Batista. En tanto que los imputados Valentina Rosario, Carlos Berigüete, Jonathan Brea y Felipe Toribio guardar arresto domiciliario, mientras que al camarógrafo Edison Perdomo Peralta le impusieron una fianza de 500 mil pesos y presentación periódica. A Miguel Mejía, encargado de sacar el bolo de la tómbola, y el chofer Rafael Mesa, les impusieron presentación periódica con impedimento de salida.

El Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la revisión de las medidas de coerción contra los implicados en Operación 13 para el 14 enero del 2022.

En otro orden el presidente Luis Abinader emitió el decreto 722-21 que suspende a Adán Peguero como director del Instituto Postal Dominicano, (INPOSDOM), de conformidad con el artículo 88 de la Ley núm. 41-08, de Función Pública.

La decisión del gobernante se produce luego que se estableciera que en el Instituto Postal Dominicano (INPOSDOM) se estableció una alianza irregular con la empresa Mía Cargo, violando varias leyes, como la 47-20 de Alianza Público Privada y 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.

Peguero ha sido cuestionado en tres ocasiones por los procuradores adjuntos Wilson Camacho y Yeni Berenice en la sede de la Procuraduría General de la República (PGR).

La Dirección de Contrataciones Públicas había solicitado la destitución del funcionario, luego de la investigación realizada junto la Unidad Antifraude de la Contraloría General de República y la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental que verificaron anomalías en el Inposdom que datan de varios años y a las que Peguero sumó supuestas nuevas violaciones.

Asimismo se destaca el caso judicial del exlegislador Juan Maldonado Castro director de Comunidad Digna, por su presunta vinculación a una red de crimen organizado desmantelada en la Operación Falcón.

El Ministerio Público acusa a Maldonado Castro de aprovechar su posición en la referida entidad para el lavado de activos. En ese sentido La Oficina de Atención Permanente de Santiago ordenó 18 meses de prisión preventiva contra el exfuncionario y otros imputados en el caso.

En tanto en Estados Unidos la Fiscalía pidió a una corte del Sur de Florida retrasar para abril de 2022 el juicio en contra del diputado perremeísta Miguel Gutiérrez, detenido desde mayo pasado en Miami, donde enfrenta cargos de narcotráfico.

Se recuerda que Gutiérrezfue detenido en el Aeropuerto Internacional de Miami el pasado 17 de mayo a su llegada en un vuelo desde República Dominicana y cuatro días más tarde fue acusado formalmente.

El Diputado Nelson Marmolejos Gil de la circunscripción tres en Santiago de los Caballeros por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), figura en el expediente de la red de narcotráfico internacional y lavado de activos, denominada Operación Falcón.

Según el Ministerio Público, el diputado obtuvo el financiamiento completo de su campaña con el dinero del cabecilla de la estructura de crimen organizado que operaba en Santiago y otras zonas del país.

Además es investigada por solicitud del Ministerio Público, la dirigente del PRM en la Vega, Rosa Amalia Pilarte, acusada por el MP de integrar una red de narcotráfico y lavado de activos junto a su esposo Miky López. En este caso figura también el hijo de ambos, el regidor del Ayuntamiento de La Vega, José Miguel López Pilarte.

Bajo investigación se encuentra además el exdirector ejecutivo del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), Cecilio Antonio Rodríguez Montás, por denuncias de irregularidades, en el proceso de adjudicación de la licitación pública para la adquisición de suministro de raciones alimenticias del almuerzo escolar y su distribución en los centros educativos durante el período escolar 2021-2022.

En ese sentido la Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) depositó el pasado 14 de diciembre una denuncia formal por presuntos actos de corrupción contra Rodríguez Montás.

El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa, reiteró al Ministerio Público que tan pronto se dieron públicas las irregularidades debió actuar, ya que, desde el mes de septiembre, decenas de suplidores del almuerzo escolar de la Jornada Escolar Extendida (suplidores JEE) denunciaron que cientos de ellos fueron excluidos del programa de alimentación escolar.

El ex viceministro de Interior y Policía, Víctor Miguel Polanco Severino, en enero de 2021 fue citado por la Procuraduría General de la República para ser investigado por supuestas irregularidades cometidas en su gestión, con relación a la emisión de licencias de porte y tenencia de armas de fuego.

Polanco Severino fue designado viceministro por el presidente Luis Abinader y destituido a poco más de tres meses de haber asumido el cargo en la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía.

La Procuraduría General de la República asumió en mayo del presente año la investigación de un alegado fraude cometido en el puerto de Puerto Plata, por el que son investigados cinco empleados de la Autoridad Portuaria Dominicana, incluyendo la gerente del puerto Feyla Rodríguez Pavón.

Rodríguez Pavón, renunció a su cargo en una carta enviada el director de la entidad Jean Luis Rodríguez, mientras que el caso es investigado.

También la “Operación Caracol”, investigación en curso en la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), involucra al anterior presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Francisco Álvarez Pérez, por los delitos de obstrucción de la justicia, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, asociación de malhechores, complicidad en diferentes tipos de desfalco, estafa contra el Estado y lavado de activos provenientes de actos de corrupción.

Solicitan investigación judicial

Participación Ciudadana, al presentar su balance del año 2021 en el que solicita a la Procuraduría de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) investigar los funcionarios que han sido destituidos por Luis Abinader.

En ese orden destacan que el mandatario ha actuado de manera correcta suspendiendo o destituyendo a funcionarios, pero estos deben ser debidamente investigados por el PEPCA.

“La destitución o suspensión no es un paliativo”, argumenta Participación Ciudadana el tiempo de detallar los casos que deben ser investigados por el Ministerio Público.

Entre ellos a Plutarco Arias, exministro de Salud, destituido luego de que se denunciara la compra de jeringuillas con una sobrevaloración de 400%. Tony Peña Guaba, Coordinador de los programas sociales de la Presidencia, por entregar, a su discreción, 100 millones de pesos en diciembre del 2020 a 67 directores de orquestas, músicos y cantantes y Julio Antonio de la Cruz Nolasco, Director General de Embellecimiento de Carreteras, vinculado a irregularidades, entre ellas el nombramiento de familiares y compras sin cumplir los requisitos.

Abinader contra corrupción

Haciendo honor al refrán de que el orden debe iniciar con los de adentro, el presidente Luis Abinader ha sido enfático desde su toma de posesión en la actual gestión gubernamental, en hacer frente a la corrupción.

Abinader ha advertido a los funcionarios que deben actuar con transparencia y honestidad en el uso de los recursos del Estado, ya que hay un “Ministerio Público que los observa y una contraloría que los audita”.

“Los funcionarios públicos saben que tienen que ir al Gobierno a actuar con transparencia y honestidad, porque hay un Ministerio Público que los observa; una Contraloría que los audita. El dinero del Gobierno, debe usarse con honestidad y transparencia”, exclamó el jefe de Estado durante un acto en New York en septiembre 2021.

En ese orden ha sido además reiterativo en no opinar en las acciones de la justicia y dejar que opere la independencia con la que fue empoderada la Procuraduría General de la República.