NO, NO ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR

Existen factores que escapan a nuestra capacidad de decisión, entre ellos los retrasos administrativos que afectan nombramientos, suplencias, pagos, entrega de materiales y otros procesos que, en muchas ocasiones, somos los propios directores quienes asumimos, muchas veces con nuestros recursos para evitar mayores consecuencias en el servicio educativo.

    Por:
  • Carlos Lara,
  • Redacción Desde la Fuente,

NO, NO ES RESPONSABILIDAD DEL DIRECTOR

Autor Víctor Martir

Ante las recientes declaraciones difundidas en noticiario y redes sociales que pretenden responsabilizar a los directores de centros educativos por el incumplimiento del calendario escolar, me permito fijar nuestra posición en calidad de Presidente de la Asociación Nacional de Directores de Centros Educativos de la República Dominicana (ASONADEDI-RD) y como director del Centro Educativo Aníbal Ponce.

Los directores y docentes del sistema educativo dominicano hemos sido siempre los primeros en velar por el cumplimiento del calendario escolar oficial establecido por el Ministerio de Educación, conscientes de que se trata de un mandato legal y de un compromiso con nuestras comunidades educativas. Sin embargo, el cumplimiento del calendario escolar no depende únicamente de los directores. Existen factores que escapan a nuestra capacidad de decisión, entre ellos los retrasos administrativos que afectan nombramientos, suplencias, pagos, entrega de materiales y otros procesos que, en muchas ocasiones, somos los propios directores quienes asumimos, muchas veces con nuestros recursos para evitar mayores consecuencias en el servicio educativo.

Estos retrasos provocan limitaciones en la distribución oportuna de recursos y servicios esenciales para el funcionamiento de los centros educativos, incluyendo aspectos de infraestructura y logística que son responsabilidad directa del Ministerio de Educación, conforme lo establece la Ley General de Educación 66-97 en sus artículos relativos a la garantía de condiciones adecuadas de los planteles escolares. A ello se suman las situaciones socioeconómicas de las familias, que inciden directamente en la asistencia de los estudiantes a las escuelas, recordando que la Constitución de la República en su artículo 63, así como la Ley 136-03, establecen la responsabilidad del Estado en garantizar el acceso efectivo y equitativo a la educación.

Un factor crítico que debe señalarse es la ausencia de un banco de docentes sustitutos en los distritos educativos que permita garantizar la continuidad del proceso enseñanza–aprendizaje cuando un maestro se ausenta por licencia médica, como contempla la normativa vigente del Estatuto Docente. Este vacío administrativo afecta directamente la docencia, y es un aspecto que no corresponde a la gestión de los directores, sino al Ministerio de Educación a través de sus instancias regionales y distritales.

Cabe recordar que, según la Ordenanza 09-2000 que define el perfil y funciones de los directores, nuestra labor es la de gestores y mediadores comunitarios que, con recursos siempre limitados, hacemos lo humanamente posible para garantizar la mayor continuidad del servicio educativo. Nuestra responsabilidad no es administrar las políticas centrales, sino implementarlas en la medida en que se nos provean los recursos necesarios.

El sistema educativo es un esfuerzo colectivo que requiere la coordinación de todos los actores: el Ministerio de Educación, las direcciones regionales y distritales, los docentes, las familias y la comunidad. Señalar exclusivamente a los directores es un juicio incompleto, descontextualizado e injusto.

Más que buscar culpables, el momento exige fortalecer la comunicación, agilizar los procesos administrativos y garantizar la descentralización efectiva de los recursos. Desde ASONADEDI-RD, en representación de los directores de centros educativos, reafirmamos nuestra disposición de colaborar con las autoridades para que cada día de clase se cumpla y se traduzca en aprendizajes significativos para nuestros estudiantes, siempre con el compromiso firme de defender la verdad y la dignidad de nuestra profesión.

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