LA SEGURIDAD JURÍDICA EN RD: ¿REALIDAD O FICCIÓN?
Los recientes casos de estafa en Boca Chica y Punta Cana, vuelven a poner en evidencia la debilidad del Estado dominicano frente a los fraudes en el sector inmobiliario.
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Por:
- Carlos Lara,
- Redacción Desde la Fuente,
LA SEGURIDAD JURÍDICA EN RD: ¿REALIDAD O FICCIÓN?
Autora Luisa Durán
Periodista-Asesora Inmobiliaria
Mientras algunos llamados “supuestos agentes inmobiliarios” arrebatan los ahorros de toda una vida de las personas, tanto en el país como en el extranjero, el sistema de justicia dominicano navega con una lentitud que espanta, en procura de buscar justicia ante redes de estafadores que operan en la República Dominicana con total libertad.
Los recientes casos de estafa en Boca Chica y Punta Cana, vuelven a poner en evidencia la debilidad del Estado dominicano frente a los fraudes en el sector inmobiliario.
Según el reportaje de la periodista Alicia Ortega, los inversionistas comenzaron a adquirir propiedades en el proyecto Garden of the Beach en Boca Chica desde 2019, y hasta la fecha más de 100 personas han denunciado pérdidas millonarias debido a que el proyecto nunca se materializó.
De manera similar, en el más reciente reportaje del programa Somos Pueblo sobre el proyecto Macao en Punta Cana, más de 1,000 personas resultaron afectadas, con pérdidas que ascienden a aproximadamente 6 millones de pesos dominicanos.
Ambos casos evidencian la magnitud de los fraudes inmobiliarios y la falta de mecanismos efectivos por parte del Estado y la justicia para proteger a los compradores e inversionistas.
En octubre de 2019 se dio a conocer un proyecto conjunto entre Pro Consumidor y la Asociación de Agencias y Empresas Inmobiliarias (AEI) para la creación del “Registro de Proveedores del Sector Inmobiliario”.
Se trata de un sistema integrado destinado a garantizar mayor transparencia y proteger a los compradores frente a posibles fraudes. Sin embargo, más de cinco años después, dicha iniciativa continúa sin concretarse.
Cabe recordar que en mayo de 2025, Pro Consumidor volvió a anunciar que el registro estaría operando antes de finalizar el año, pero el plan aún no se ha materializado. Este retraso refleja una constante en la gestión pública dominicana: las soluciones se anuncian después del problema, pero rara vez se ejecutan con la urgencia que la ciudadanía necesita.
La abogada Elba Grullón, al ser cuestionada sobre la problemática, ofreció una explicación clara sobre las debilidades del Código Penal para tratar estos casos de estafas inmobiliarias.
“En comparación con el daño económico y emocional que los presuntos estafadores causan a las víctimas, podemos asegurar que el Código Penal es benigno”, afirmó la abogada.
Agregó que muchas veces las víctimas nunca reciben la devolución del monto invertido. Además, el sistema actual obliga a los compradores a asumir gastos adicionales, como abogados y agrimensores, para verificar la legalidad de las transacciones.
Esta situación plantea la siguiente interrogante: ¿Cómo es posible que una persona que quiere invertir no sepa cuánto ha invertido hasta que no termina de pagar?
El Código Penal Dominicano, en su artículo 405, establece penas de prisión de seis meses a dos años y multas de 10 a 20 salarios mínimos para quienes cometan estafa. Sin embargo, estas sanciones no parecen ser disuasivas, ya que los casos de estafa inmobiliaria continúan en aumento.
No podemos concluir este análisis sin mencionar el rol del sistema financiero, el cual también juega un papel primordial en este problema. Las transacciones se realizan a través de bancos y transferencias, pero no existen mecanismos de alerta que informen a los consumidores sobre posibles fraudes. Esto permite que los estafadores operen con relativa impunidad, aprovechándose de la falta de información y supervisión.
La falta de control estatal no solo genera pérdidas económicas, sino que también socava la confianza en el sector inmobiliario y desalienta la inversión formal en un país que depende cada vez más del turismo y la construcción.
La experiencia de Boca Chica y Punta Cana demuestra que el Estado debe pasar de los anuncios a la acción, implementando herramientas de verificación, el registro obligatorio de promotores y sanciones efectivas para quienes incumplen la ley. Pero, sobre todo, ahora que el Código Penal se encuentra en fase de revisión, se deben realizar modificaciones al artículo 405 para endurecer las penas contra quienes incurren en la odiosa práctica de estafar y robar el sueño de toda una vida de las personas.
El gobierno dominicano y la justicia tienen un gran reto por delante: trabajar para detener de una vez y por todas a estos estafadores sin escrúpulos, además de garantizar que la promesa de inversión no se transforme en un perjuicio económico irreversible.
Recordemos que la Constitución establece que el Estado dominicano debe proveer una vivienda digna a cada ciudadano. Pero, ya que no cumple con lo que por derecho corresponde a cada persona, lo justo sería velar por los derechos de los cientos de dominicanos y dominicanas tanto en el país como en el extranjero que con el sacrificio de toda una vida, logran adquirir una propiedad digna.
El Estado dominicano tiene el deber constitucional de proteger a sus conciudadanos de esos estafadores inmobiliarios. Más que eso, tiene la obligación de resarcir esos daños y llevar a la justicia a esos maleantes de corbatas y trajes que se han dedicado a sustraer sueños y años de trabajo de personas trabajadoras y, en muchos casos, humildes.
Y pongamos un ejemplo: cuando quiebra una entidad bancaria, como hemos visto en innumerables casos en la República Dominicana, el Estado asume esas deudas. ¿Por qué en los casos de estafas inmobiliarias no sucede lo mismo? Es una pregunta que todos nos hacemos constantemente.
Debemos recordar que las víctimas de estos fraudes inmobiliarios no solo pierden su dinero; también quedan traumatizadas, tanto psicológica como moralmente. La situación es aún más dolorosa cuando entre las personas engañadas hay envejecientes que ven esfumarse el sacrificio de toda una vida.
Definitivamente, tanto la Procuraduría, la Fiscalía y todo el aparato judicial dominicano deben poner atención a este drama, una situación que afecta la imagen bien ganada del país en el plano turístico. Pero, sobre todo, nos invita a reflexionar de manera seria: ¿La seguridad jurídica en la República Dominicana, una realidad o simplemente una ficción?
Periodista, especialista en comunicación estratégica, relaciones públicas (RR.PP) para la educación y redes sociales.
